Alex Rodríguez. (David Karp/AP)

NUEVA YORK-- Los abogados de las Grandes Ligas están buscando que se deseche con celeridad una demanda interpuesta por Alex Rodríguez, en la que acusa al comisionado y a la organización de tratar de expulsarlo del béisbol, de acuerdo con una carta enviada el lunes a una jueza.

La jueza federal de distrito Lorna G. Schofield accedió en Manhattan a que los abogados de ambas partes presenten sus peticiones formales para el 8 de noviembre. Hay una audiencia prevista un día antes.

Jordan Siev, abogado de Rodríguez, escribió en una carta a la jueza que el caso debía turnarse a una corte estatal en Manhattan. Rodríguez había presentado en esa corte la demanda a comienzos de este mes, antes de que las Grandes Ligas lo llevaran a un tribunal federal.

La carta fue enviada a la jueza por abogados de ambas partes.

Siev dijo que las peticiones de las Grandes Ligas y de Rodríguez atañen a si los reclamos legales proceden o no de acuerdo con la Ley Taft-Hartley, conocida formalmente como Ley de Manejo de las Relaciones Laborales.

En la demanda, Rodríguez acusó a la liga y a Selig de emprender una "cacería de brujas" para echarlo del béisbol. El sindicato de peloteros de las mayores ha presentado una queja para revocar una suspensión de 211 juegos que las mayores impusieron a Rodríguez el 5 de agosto, por presuntas infracciones al contrato colectivo y al acuerdo sobre consumo de sustancias prohibidas.

Un fallo en un caso atendido por el juez de arbitraje Fredric Horowitz difícilmente surgirá antes de que concluya el año.

Rodríguez, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, afirmó en su demanda que las mayores y Selig apuntaron contra el pelotero a fin de encubrir la falta de medidas anteriores de la organización para combatir el dopaje. La demanda afirma que Selig esperaba reivindicarse al imponer un castigo severo a Rodríguez.

En el momento en que se presentó la demanda, la liga consideró que esa medida era "desesperada" y constituía una infracción de las provisiones de confidencialidad en el acuerdo conjunto sobre drogas, suscrito entre las mayores y el sindicato.